Redaccion
• Afirma que su iniciativa no solo se ajusta al marco jurídico vigente, sino que lo enriquece al reconocer nuevas realidades educativas y de seguridad en el entorno digital, asegurando que la educación pública en BCS avance en concordancia con los retos del presente y en plena observancia del principio de progresividad de los derechos humanos
Para proteger a la infancia y adolescencia sudcaliforniana frente a riesgos propios de la era digital, dotándoles de herramientas preventivas que les permitan desenvolverse en entornos seguros, la diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez, presentó iniciativa con proyecto de decreto que establece la obligatoriedad de que los planes y programas de estudio contemplen una asignatura, o al menos un eje transversal, en prevención de delitos cibernéticos y seguridad digital.
La incorporación de contenidos vinculados a la educación digital responsable y a la prevención de riesgos en entornos virtuales, responde a las transformaciones sociales y tecnológicas que inciden directamente en la formación de estudiantes, buscando dotarles de herramientas que fortalezcan su desarrollo integral.
Desde su óptica, la asignatura deberá abordar, de forma gradual y acorde a la edad del alumnado: Uso responsable de internet y redes sociales; identidad y huella digital; reconocimiento de riesgos (grooming, ciberacoso, fraudes digitales y demás); protocolos de actuación y denuncia; derechos digitales de niñas, niños y adolescentes y el desarrollo de una cultura de autocuidado y apoyo entre pares.
La educación que se imparta en el Estado, promoverá en las personas estudiantes el conocimiento, habilidades y actitudes necesarias para el uso seguro, responsable y crítico de las tecnologías de la información, comunicaciones y entornos digitales, así como la prevención de delitos cibernéticos.
Por su parte, el Estado y municipios garantizarán la calidad en la educación obligatoria, con base en el mejoramiento constante, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, y la infraestructura educativa garantice el máximo logro de aprendizaje de las personas estudiantes.
Durante su intervención en tribuna, la legisladora de la bancada de Morena, arguyó que su iniciativa no solo se ajusta al marco jurídico vigente, sino que lo enriquece al reconocer nuevas realidades educativas y de seguridad en el entorno digital, asegurando que la educación pública en Baja California Sur avance en concordancia con los retos del presente y en plena observancia del principio de progresividad de los derechos humanos.
Su propuesta no contraviene las disposiciones establecidas en la Ley General de Educación y abre un margen de acción a las entidades federativas para desarrollar y fortalecer derechos que ya se encuentran reconocidos en el marco normativo nacional.
La reforma que plantea, implica modificar el artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur y desde ahora es analizada por las comisiones de Educación y de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
