Redaccion
Ciudad de México.– La muerte de dos presuntos agentes de la CIA en territorio mexicano ha desatado un nuevo choque diplomático entre los gobiernos de México y Estados Unidos, marcado por señalamientos cruzados y cuestionamientos sobre la presencia de personal extranjero en operativos de seguridad.
Desde Washington, la Casa Blanca criticó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien acusó de mostrar “falta de compasión” ante el fallecimiento de los ciudadanos estadounidenses. La vocera Karoline Leavitt declaró que el gobierno norteamericano ha intensificado sus esfuerzos para combatir el narcotráfico y consideró que México debería mostrar mayor cooperación en ese contexto.
Sin embargo, el gobierno mexicano ha centrado su reclamo en otro punto: la presencia de agentes estadounidenses en territorio nacional sin autorización. Sheinbaum exigió explicaciones a Estados Unidos sobre las actividades de estos elementos, recordando que la Constitución mexicana prohíbe operaciones encubiertas de agentes extranjeros en el país.
Los hechos ocurrieron en el estado de Chihuahua, donde, de acuerdo con versiones oficiales locales, los estadounidenses fallecieron en un accidente automovilístico en una zona serrana, tras un operativo contra laboratorios de drogas. No obstante, las versiones han sido contradictorias: inicialmente se señaló que formaban parte del cuerpo diplomático y no participaron en el operativo, pero posteriormente se indicó que brindaban capacitación en el uso de drones.
El caso ha generado dudas dentro del propio gobierno federal. La presidenta afirmó que ni el Ejército ni las autoridades federales tenían conocimiento de la presencia de estos agentes en el operativo, lo que ha encendido alertas sobre posibles violaciones a la soberanía nacional.
Ante la controversia, la Secretaría de Gobernación fue instruida para esclarecer los hechos en coordinación con el gobierno de Chihuahua. Paralelamente, el Senado analiza citar a la gobernadora María Eugenia Campos para que rinda cuentas, lo que ha abierto un debate legal sobre las facultades del Congreso para requerir explicaciones a autoridades estatales.
El caso ocurre en un contexto de creciente tensión bilateral en materia de seguridad, donde la cooperación contra el narcotráfico continúa siendo un tema clave, pero también un punto sensible en cuanto a soberanía y գործողionamiento de fuerzas extranjeras en México.
