Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México ha validado la reforma judicial impulsada por el oficialismo, permitiendo que los jueces sean elegidos por voto popular. Esta reforma, defendida por Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, supone un cambio histórico, ya que es la primera vez que un país de la envergadura de México implementará una medida de este tipo. La propuesta de limitar los cargos judiciales sometidos a elección fue rechazada, marcando el fin de un intenso conflicto entre el Poder Judicial y el partido Morena, que controla el Congreso y el Ejecutivo.
La reforma implica que alrededor de 1,700 cargos judiciales de nivel federal se elegirán en las urnas en dos comicios (2025 y 2027), así como las posiciones de los poderes judiciales locales en los 32 Estados de la República. El Instituto Nacional Electoral (INE) será el encargado de organizar estos comicios sin precedentes, con un presupuesto proyectado de 13,200 millones de pesos. La motivación oficialista para la reforma radica en la necesidad de eliminar corrupción y privilegios en la judicatura y renovar el sistema judicial, aunque se prevé un proceso complejo y costoso.
El ministro Juan Luis González Alcántara había propuesto que solo los altos cargos judiciales fueran elegidos por voto popular, y que los jueces de menor rango ascendieran por méritos, como ha sido tradición en el sistema mexicano. Su proyecto argumentaba que la reforma violaba principios fundamentales del federalismo mexicano, afectando la independencia judicial y los derechos de los jueces a la estabilidad en sus cargos y salarios. Sin embargo, este planteamiento no alcanzó la mayoría necesaria en la Corte.
En una votación inesperada, el ministro Alberto Pérez Dayán se unió a las ministras cercanas al oficialismo para rechazar la propuesta de Alcántara, sellando así la aprobación de la reforma. Pérez Dayán, aunque mostró preocupación por las consecuencias de la medida en la independencia judicial y la seguridad jurídica, argumentó que la Corte no puede invalidar cambios constitucionales. Con esta resolución, la reforma judicial queda blindada y se crea una nueva realidad institucional en México para la cual aún no existen precedentes o preparativos detallados.
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