Victor Manzano
En una medida que marca un nuevo nivel en la militarización de la seguridad fronteriza, la administración de Donald Trump ordenó el despliegue del destructor de misiles guiados USS Gravely en el Golfo de México. La nave de guerra, perteneciente a la clase Arleigh Burke, tiene la misión de reforzar la vigilancia y frenar el tráfico de drogas, la inmigración irregular y las actividades del crimen transnacional en la región.
El USS Gravely zarpó el sábado desde la Estación de Armas Navales de Yorktown, en Virginia, con destino al área de responsabilidad del Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM). Tradicionalmente, la vigilancia en la zona ha estado a cargo de la Guardia Costera, por lo que el uso de un buque de guerra representa un cambio significativo en la estrategia de seguridad de Washington.
La embarcación, equipada con misiles Tomahawk y con experiencia en misiones de intercepción en el Medio Oriente, se encargará de operaciones antinarcóticos, patrullaje y abordajes de embarcaciones sospechosas. Para ello, contará con el apoyo de los Destacamentos de Aplicación de la Ley (LEDET) de la Guardia Costera, especializados en detenciones en alta mar.
Desde el Pentágono, se ha justificado la medida como parte de una estrategia integral que incluye ejercicios militares en el Canal de Panamá y un mayor despliegue de unidades terrestres. «Estados Unidos está comprometido con una respuesta contundente para frenar el tráfico ilícito y fortalecer la seguridad fronteriza», declaró el secretario de prensa del Departamento de Defensa, John Ullyot.
No obstante, la decisión ha generado críticas entre analistas y organizaciones de derechos humanos, quienes consideran que el envío de un destructor es una maniobra política más que una acción necesaria. Argumentan que el flujo migratorio en la frontera sur se encuentra en niveles bajos y que no existen amenazas marítimas que justifiquen una presencia militar de esta magnitud.
