Van contra transporte ilegal en BCS; proponen tipificarlo como delito

  • El diputado Omar Torres (PT) propuso establecer una sanción de uno a tres años de prisión para quienes operen este servicio sin contar con la concesión o los permisos

El diputado Omar Torres Orozco, integrante de la XVII Legislatura, presentó ante el Congreso del Estado de Baja California Sur una iniciativa con proyecto de decreto para tipificar como delito la prestación irregular del servicio de transporte público en la entidad, con el objetivo de fortalecer la seguridad y legalidad en la movilidad.

La propuesta plantea adicionar un Capítulo VI al Título Vigésimo Segundo del Código Penal del Estado, denominado «Por la prestación irregular del servicio de transporte público», así como incorporar el artículo 365 Bis, mediante el cual se establece una sanción de uno a tres años de prisión para quienes operen este servicio sin contar con la concesión o los permisos correspondientes.

El legislador señala que el servicio de transporte público es una atribución del Estado y su operación debe realizarse bajo estrictas condiciones de legalidad, toda vez que impacta directamente en la seguridad de las y los usuarios que diariamente se trasladan a sus centros de trabajo, estudio y diversas actividades.

Destaca que, a pesar de que existe un marco normativo que regula la actividad, persisten prácticas irregulares en las que personas operan unidades sin autorización, lo que representa un riesgo para la ciudadanía y para quienes transitan por las vialidades del estado.

El legislador destacó que su iniciativa establece que no será sancionado el conductor de la unidad cuando se acredite que actúa en calidad de empleado de un concesionario autorizado, y contempla que este delito será perseguido de oficio por las autoridades competentes.

El promovente subrayó que esta propuesta busca enviar un mensaje claro en favor del orden y la legalidad, evitando que, por obtener un beneficio económico, se ponga en riesgo la integridad de miles de familias sudcalifornianas.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis y dictaminación.

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